La regulación española de los Concursos de Acreedores intenta satisfacer la necesidad de regular el reparto de pérdidas cuando alguien no puede hacer frente a sus deudas. El Concurso de Acreedores es un procedimiento presuntamente ideado para paliar los posibles efectos nocivos de la insolvencia, tanto de un empresario, como de un particular, procurando organizar las finanzas del concursado (deudor) para conseguir que el mayor número de acreedores cobren lo máximo posible. Decía el legislador que en este procedimiento se protegía más a los débiles, como los trabajadores, postergándose a aquéllos que han tenido influencia en la mala situación económica o que puedan beneficiarse del concurso, por ejemplo, administradores de la sociedad o personas relacionadas con el concursado. En España la realidad es otra, legislándose a favor de las entidades públicas y las financieras, protegiendo con leyes los intereses de estas instituciones en el concurso, en perjuicio del resto de la masa pasiva y enterrando cualquier posibilidad de saneamiento y reestructuración empresarial (imagen incorporada posteriormente; fuente: pixabay).