Desde que soy consciente de la reforma judicial en mi país,
estoy más cabreado si cabe. Vía email me llega la opinión de mi secretario
judicial acerca del abono de las tasas en el Juzgado de lo Mercantil de Málaga (España). En conclusión, hay que
pagar estos recargos impositivos. Ha sido la gota que ha colmado el vaso y que
hace que te traslade tímidamente mi sentimiento.
Parece ser que no se libra ni la administración concursal,
ese otrora brazo ejecutor del juez y hoy pasto de todo, exceptuando a aquellos
representantes corporativos y lobbies que entienden los concursos como
industria al servicio de sus arcas económicas honoríficas y magníficas y, por
supuesto, a los impúdicos de siempre que nos han metido en esta mierda que
llaman crisis y que no es sino una descomunal estafa piramidal.
Creo que no debo callar y desde este sitio, expresar mi
disconformidad con la interpretación de mi respetado secretario. Como titulado
mercantil, me da vergüenza percibir la presunta injusticia del ordenamiento
legal promovido por el en otros tiempos respetado (ver post "Fiel, coherente, sólido") y hoy ministro de Justicia: Alberto Ruiz Gallardón. ¿Por dónde
caminas, exalcalde de Madrid?
Poca justicia percibo y eso es negativo, porque entonces,
como decía Quevedo, es peligroso llevar la razón. Con esta reforma, un proceso
judicial puede no estar a manos de cualquier ciudadano y un concurso de
acreedores, al igual que el resto de lo judicial, puede convertirse en un puto berenjenal
de negocio de unos cuantos irresponsables presuntos mafiosos, mientras se
desuella al empresariado, proveniente de esa clase emprendedora que se está
exterminando premeditadamente, y se pisotea al desamparado ciudadano y a sus
derechos como individuo (fuente de la imagen: sxc.hu).
